La Camara de apelaciones decidió dejar en libertad, a parte de la banda de colombianos acusados de asociación ilícita, usura, lavado de activos, agravado en modalidad de delito continuado, y que tenía nexos en la Mesopotamia y en Buenos Aires, siendo que dos de sus principales integrantes, aún continúan prófugos de la justicia. No estuvieron más de seis meses en prisión.
Como referencia, el emblemático Lázaro Báez lleva 4 años de preventiva, y el estafador de la causa Boston Continental, Alejandro Rotella, seis. Ambos sin estar condenados.

Tras conocerse el polémico fallo, hubo revuelo en Curuzú Cuatiá. La excarcelación de este grupo de facinerosos que otorgaba préstamos “gota a gota” a diversos comerciantes y personas de bajo recursos de la zona, con dinero ilegal, descolocó a sus habitantes.

En esa localidad se inició la causa, que en su momento desplegó allanamientos de la Policía Federal en distintos puntos de Entre Ríos, como en Corrientes y en Bahía Blanca ordenados por el juez Martín Vega, en un procedimiento conocido como “Operación El Patrón”, que tuvo trascendencia nacional al intervenir mediáticamente la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Horas atrás en el “incidente de excarcelaciones varias, en los autos: “William Correa Giraldo, Franklin Vargas Pedroza, Francisco Antonio Agudelo Mora, Humberto de Jesús Cardona Jaramillo y otros p/sup. Usura agravada por la habitualidad, lavado de activos agravado por la habitualidad y asociación ilícita agravado en modalidad de delito continuado”, la Cámara en Mercedes, decidió darle el beneficio de la libertad cuando cumplían prisión preventiva. El fallo N° 77 /20, fue fechado el martes 28 de abril.

Según fuentes de la investigación, esta banda criminal ingresaba el dinero desde Brasil y tenían vinculaciones con el narcotráfico.
El 17 de diciembre de 2019 la justicia resolvió rechazar la excarcelación de Francisco Antonio Agudelo Mora, Víctor Mazo Mazo, María Catalina Quierrezardila (Alias Dra. Scarzo), William Correa Giraldo, Maritza Andrea Bedoya Martínez, Liliana Ospina, Leonardo Fabio Franco Briñez, Paola Andrea Lagos Pantoja, Juan Carlos Valencia Gallego, María Yaneth Giraldo González (Alias Dr. Hanson), integrantes de la banda que fuera detenida en octubre de 2019.

El argumento de la defensa para la liberación se basó en que, en un caso similar, a imputados con una misma calificación legal, el beneficio de la excarcelación le fue concebida. Asimismo el Fiscal pidió el rechazo de la solicitud.

El fundamento del juez de cámara Carlos Antonio Martínez para liberación de los acusados, dejó expuesto que la justicia aún, extrañamente, no tipificó bien las conductas delictivas. En realidad, no está muy claro que de ser sentenciados, que tiempo deberían permanecer en la cárcel. Un dato necesario para calcular si le cabe la prisión preventiva, que es a partir de los 3 años de condena.

Si la pena es menor, deben estar en libertad. Y acá la duda favoreció a los reos.

Más allá de tratarse de personas extranjeras, y que aún se encuentran prófugos dos miembros de la banda, Frankli Vargas Pedroza y Juan Manuel Ortiz Delgado (patrón y encargado de la banda, con pedido de captura de interpol), con quienes los ahora excarcelados podrían contactarse u ocultarse, inclusive darse a la fuga, el Tribunal mercedeño insólitamente decidió soltarlos, porque los que ya lograron la libertad en su momento (otros integrantes de la gavilla) pudieron haber hecho lo mismo. Increíble interpretación.

También llama poderosamente la atención en el Juzgado Federal de Paso de los Libres no haya intervenido para investigar un posible lavado de activos (delito federal); al existir sospechas suficientes sobre la ocurrencia de este ilícito en las maniobras de usura y de préstamos de los imputados.

Según los camaristas el derecho a la libertad física ha sido conceptualizado como “uno de los derechos genéricos de todo habitante, por su sola cualidad de ser persona”. Que tal. Hasta muy tierno.

Lo más increíble del dictamen giró en torno a la falta de claridad en el grado de participación de los acusados. Si fue en calidad de jefes o miembros de la asociación ilícita.

El Tribunal sostuvo que no se encontraron diferencias. Y como los aparentes líderes de la asociación ilícita, a quien les cabría la mayor pena (Máximo 10 años) están prófugos, los que cayeron atrapados aparecen solamente como participes. Solo que para esa calificación, fueron los propios detenidos quienes le señalaron a la justicia que los hoy prófugos Vargas Pedroza y Ortiz Delgado, eran los responsables de la banda criminal. Y esta ausencia les jugaría a favor según la interpretación de los Camaristas.

Para la gente común, a los colombianos le pesan varios delitos sobre sus espaldas, como para lograr su libertad condicional.

LOS HECHOS

En la operación “El Patrón”, fueron detenidas 69 personas en más de 50 allanamientos en Entre Ríos, Corrientes y Bahía Blanca y, en su momento la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, diría que la banda operaba con “un sistema de microlavado de activos proveniente del narcotráfico” en el que “a través de la modalidad ‘gota a gota’ blanqueaba el dinero”. En algunos casos, si las víctimas no pagaban intentaban sumarlas a la banda extorsionándolas.

El monto del flujo de dinero, en el período que duró la investigación, se calculó en 10 millones de pesos, que fueron encajados en préstamos informales, con tasa de usura del 900 por ciento, lo que quintuplicaba los intereses de entidades financieras o tarjetas de crédito.

Las víctimas eran gente “muy pobre” que sufría “lesiones y atentados” si no pagaba los préstamos y que el dinero recaudado era enviado “utilizando couriers internacionales en bajas cantidades nominales hacia Colombia”.

Estos préstamos se reciben a sola firma y en efectivo, sin necesidad de presentar aval o garantía alguna, y exige su cancelación en cuotas que pueden ser mensuales, semanales o diarias.

En caso de falta de pago, la organización utilizaba acciones violentas como extorsiones, daños a sus bienes y amenazas físicas y de muerte a familiares, para exigir y recuperar la inversión realizada.

Cuando los detuvieron también incautaron armas, 12 automóviles, 65 motocicletas, 111 celulares, y cocaína. Hoy están libres.