La justicia ordenó que se libere el predio del Gauchito Gil, pero 17 vendedores se niegan a dejar el lugar. Gendarmería podría intervenir.
Unos 17 puesteros se niegan a dejar el predio ubicado en la banquina de la Ruta Nacional 123 en el santuario del Gauchito Gil, en la ciudad correntina de Mercedes. La determinación es contraria a un acuerdo al que habían llegado los representantes de estos comerciantes informales con las autoridades gubernamentales provinciales, los funcionarios de la Municipalidad de Mercedes y la Justicia Federal. Lo que se busca es poner fin a un reclamo que hizo la Dirección Nacional de Vialidad Nacional hace casi 30 años. La institución hace notar que existen veinte metros desde la cinta asfáltica hacia ambos costados que pertenecen al Estado Nacional. Y ese espacio debe estar despejado por cuestiones de seguridad vial, pero también porque es un área contemplada para eventuales usos de logística cuando la vía de tránsito es reparada.
«De los 60 puesteros relevados, la mayoría se empezó a trasladar al nuevo lugar donde van a funcionar los puestos de venta, pero un grupo muy pequeño se niega a irse y presentaron un amparo que fue rechazado por el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda», explicó el abogado Martín Villalba, quien representa a la mayor parte de los vendedores. El letrado explicó que «el juez (Fresneda) intimó a estos 17 puesteros para que despejen el lugar. El viernes llegaron los gendarmes con los oficios; algunos de estos puesteros fueron notificados y otros no estaban. Pero, el miércoles se vence el plazo», explicó Villalba. El letrado remarcó que «desde la audiencia del 25 de agosto se instalaron carpas para reubicarlos. Cuarenta de ellos ya tienen lugar designado para trabajar e iniciaron trámites para instalar la electricidad, por lo que empezaron el traslado de sus mercaderías y sus estructuras». Agregó, por otra parte, que «otros comerciantes -17- se presentaron con un abogado ante la Justicia. La esposa de este letrado tiene puestos al lado de la ruta. Y este grupo tiene la decisión de no moverse de ese lugar. Ellos dicen que quieren esperar un proyecto definitivo». Este sector había presentado un amparo en la Justicia Federal para que les permitan continuar en ese espacio, pero el juez les negó el permiso y por ello ahora este tema está en Cámara Federal de Apelaciones a fin que se resuelva la discusión. Según fuentes cercanas a la causa este minúsculo grupo estaría vinculado a una mujer que está sindicada como supuesta líder de una organización que administró el predio por varias décadas y que ahora está investigada por el posible delito de lavado de activos, como también de haber tenido relación en los hechos que derivaron en los homicidios de Sergio y Julio Canteros, padre e hijo que fueron apuñalados en agosto pasado cuando una horda intentó tomar su vivienda, frente al santuario.
Muerte y mafia
9Una mujer de apellido Villalba es sindicada como la supuesta líder de una organización que administraba el predio del Gauchito Gil en Mercedes. Figuraba como la responsable de una supuesta asociación de vendedores, pero lo que se sospecha es que utilizaba los puestos para alquilarlos a bandas narcos para que guarden allí estupefacientes. También se la investiga por haber obtenido bienes de alto valor sin haberlos declarado ante la Administración Federal de Impuestos. Es por ello que el fiscal federal Aníbal Martínez pidió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que establezca la posible existencia del delito de lavado de activos, mientras que también se la investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico. En tanto, en la Justicia Provincial lo que se trata de establecer son las responsabilidades de 10 personas que atacaron la vivienda de Julio y Sergio Canteros, el pasado 6 de agosto. En esa situación los dos hombres fueron asesinados. La mayoría de los detenidos por el hecho son familiares de Villalba. Lo que se sospecha es que éstos querían tomar la casa y el terreno de los Canteros para luego convertirlos en puestos que alquilarían por fuera de los mecanismos legales, una práctica que ya había sido denunciada.
