Mercedes vive días de definiciones políticas y judiciales. El próximo 8 de octubre comenzará el juicio oral contra el exintendente Diego «Tape» Caram y el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Roberto «Caly» Sánchez. Ambos están acusados por delitos vinculados al ejercicio irregular del poder.
La raíz del conflicto es clara. Los 10 concejales votaron por unanimidad suspender a Caram como intendente. Sin embargo, esa decisión institucional fue desoída por Sánchez, quien actuó contrario a la voluntad del cuerpo deliberativo.
En lugar de respetar lo votado, Sánchez firmó un documento habilitando a Caram, un acto que hoy la Justicia toma como prueba clave en el proceso judicial.
¿Puede seguir en funciones quien desoye al cuerpo que preside?
Aquí no se discute solamente el principio de inocencia. Se evalúa la legitimidad política e institucional. Cuando un presidente de Concejo ignora una decisión unánime y otorga un poder de hecho a un intendente suspendido, lo que está en juego es la credibilidad democrática local.
Un golpe a la confianza pública
La ciudadanía observa con desconcierto cómo una figura que debería garantizar el respeto a la ley se ubica en el centro de la controversia judicial.
Opinión
La suspensión de Sánchez no debería interpretarse como un prejuzgamiento, sino como un acto de coherencia política. Si fue capaz de desoír una votación unánime, resulta difícil sostenerlo en su cargo mientras dure el proceso.
En definitiva, más que una cuestión personal, se trata de preservar la confianza en las instituciones.