En un dramático desarrollo en el juicio por la «Causa Municipal», los abogados defensores de la imputada García Fariña expusieron contundentes argumentos para probar la inocencia de su defendida.

El Dr. Andrés Gauna, uno de los letrados de la defensa, fue enfático en señalar las graves irregularidades que, a su criterio, han marcado el proceso: «Existen varias normas que buscan que todas las personas que estén aquí puedan defenderse, puedan contradecir lo que pretende la acusación. Sin embargo, a lo largo, ha sido un largo camino, buscar que se respeten las garantías constitucionales, más precisamente la del derecho a la defensa en comisión».

Gauna cuestionó duramente la brevedad del alegato de la fiscalía, afirmando que «si bien ha hecho uso de la palabra a lo largo de cinco horas, de alegato propiamente dicho, de valoración de prueba oral pública, no fueron más de 20 minutos». Además, denunció que «a ninguno de los imputados, ninguno se acogió en silencio, todos han declarado y con la debida apertura que a mi juicio, en una opinión personal, merece, han accedido a responder preguntas. Pero nadie, prácticamente nadie fue consultado de muchas de las cosas que se exhibieron en el PowerPoint».

Por su parte, el Dr. Ezequiel Ansola, otro de los defensores, expuso detalladamente las diferencias sustanciales entre el requerimiento de elevación a juicio y los alegatos presentados por el Ministerio Público Fiscal. «Entiendo que para un mejor entendimiento del Tribunal, éstas deben dividirse en dos grandes grupos. En fechas y en montos», señaló Ansola.

Según la defensa, en el requerimiento de elevación a juicio se describen tres sustracciones, mientras que en los alegatos se mencionan cinco. Además, hubo cambios en las fechas y en los montos imputados. «Aquí es donde a criterio de esta parte se encuentra la diferencia más sustancial», afirmó Ansola.

En ese sentido, Gauna también cuestionó la acusación de «incumplimiento de los deberes funcionarios públicos» hacia su defendida, argumentando que la ordenanza que se le imputa no cumplir «prácticamente es de imposible cumplimiento» y que García Fariña «no tiene potestad alguna para ejecutar ninguna ordenanza».

Respecto a la supuesta «falsificación de listas» con nombres de personas que no cobraban planes sociales, Gauna sostuvo que «la voluntad de cometer un ilícito no siempre es palmaria» y que «nunca se realizó ninguna lista sin la debida fundamentación, sin el respaldo documentológico».

Finalmente, en relación a la acusación de «ocultar, destruir e inutilizar documentación», la defensa aseguró que las explicaciones de García Fariña «no fueron meras manifestaciones» y que existe prueba que la exime de responsabilidad, como el video de seguridad que contradice el testimonio de la testigo clave.

En un juicio que se perfila como uno de los más polémicos de la región, la defensa de Solange García Fariña ha puesto en evidencia serias falencias en la acusación de la fiscalía, abriendo la posibilidad de que la imputada sea absuelta de todos los cargos.